Democracia y desamor

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La gran pregunta de nuestra época es ¿por qué surgen por doquier partidos y movimientos anti-establishment y la confianza en las instituciones políticas no sólo en España sino en Europa y Norteamérica sigue cayendo sin parar? (véase por ejemplo estos últimos análisis de Metroscopia y del CIS).

La victoria del ala dura de Podemos en el pasado congreso es otro aldabonazo en este sentido. Hace poco, analizaba en otro artículo la diferencia entre pablistas y errejonistas, distinguiéndolos en función de su estrategia respecto a sus oponentes políticos, pero también podríamos diferenciarlos en relación a su posicionamiento ante las instituciones vigentes. Parece evidente que los primeros tendrían una visión más crítica, hasta el punto de cuestionarlas en su totalidad (“superar el orden institucional”, sostiene en su documento Iglesias), y los segundos mostrarían una cara más reformista, más contemporizadora hacia ellas.

A pesar de que una visión más calmada de las votaciones, por ejemplo, esta, señala que la derrota del errejonismo no fue tan abultada y que el peso comparativo entre ambas tendencias podrían gravitar entorno al 50% – 40% de los votos, el hecho de que en el segundo partido del país (o tercero, según la semana de la encuesta) haya triunfado la tendencia más anti-sistema supone un hecho de una enorme relevancia política

Pues bien, ¿por qué? Hace unos días Ignacio Sánchez-Cuenca, desde estas páginas, daba algunas respuestas directas e irrebatibles: la crisis económica, la injusticia social de las políticas europeas para combatirla y el hecho de que estemos descubriendo al mismo tiempo la profundidad y la extensión de la corrupción política e institucional explicarían gran parte del fenómeno, al menos en España. Abriendo el foco y generalizando respecto a Europa y Norteamérica, en especial desde la llegada de Donald Trump (otro anti-sistema sui géneris), se han lanzado otras muchas explicaciones, entre las cuales muchas ligan la extensión creciente de la desafección democrática a la globalización o al neoliberalismo.

Existe, sin embargo, otro tipo de explicación, que no contradice las anteriores, sino que las complementa. Hablo de fallos graves en los métodos de gobernanza y en concreto de dos déficits democráticos específicos, uno estructural en Europa y otro coyuntural en España, que han contribuido a crear enormes focos de desafección al sistema.

En primer lugar, la existencia de un organismo como el Banco Central Europeo, que en la práctica dirige la política económica europea, pero que no cuenta con mecanismos directos de rendición de cuentas respecto a los receptores de sus políticas, es decir, la población de la Unión. Sus atribuciones en teoría son únicamente el control de la inflación, aunque en realidad han ido mucho más allá (como cuando Trichet exigió por carta al gobierno de Zapatero optar por unas muy determinadas políticas económicas como condición para apoyarle con la compra de deuda).

El presidente del Banco Central Europeo es elegido por los presidentes de gobierno de los 27 (aunque en la práctica por Alemania y a lo sumo por otros pocos de los países del norte). Su gobierno no responde de sus políticas ante los ciudadanos europeos, de tal manera que estos no pueden evaluar sus acciones, ni cambiarlas en el caso de que no les sean satisfactorias mediante el voto directo. No existe feedback, retroalimentación, entre la política, sus resultados y la ciudadanía, uno de los mecanismos de estabilidad social más importantes con los que cuenta la democracia.

Tampoco el BCE se sirve del diálogo con los sectores sociales y económicos, ni tiene en cuenta sus opiniones ni atiende a las consecuencias inmediatas que sus acciones ocasionan en ellos. Y menos aún responde a las necesidades y deseos de los agentes sociales, intentando satisfacerles en la mayor medida y en un periodo razonable de tiempo (eso que en ciencias sociales se ha llamado “responsividad”, un neologismo un tanto feo que define la obligación de los gobiernos de atender las demandas ciudadanas, a riesgo de perder su apoyo).

Por tanto, desde su torre de marfil, sus políticas son en líneas generales autoritarias, no generan inclusión, sino exclusión de los actores y en última instancia desconfianza y desafección. El BCE es el sueño utópico de los liberales decimonónicos: máxima libertad económica y mínima democracia. Los resultados condujeron entonces a no pocas revoluciones. Desde el último tercio del siglo hubo que empezar a avanzar en el camino de la democratización.

El segundo gran déficit democrático ha tenido que ver con la manera en que el Gobierno del PP ha gestionado las políticas europeas en la última legislatura. Fortalecido por su mayoría absoluta e imbuido por una concepción también decimonónica de la democracia, según la cual la victoria electoral le faculta para ejercer su poder sin atender a las demandas del resto de partidos o movimientos sociales, se permitió ignorar a los sindicatos y a todas las mareas que, una tras otra, fueron surgiendo como resultado de los ajustes y recortes que implicaban las políticas del BCE. Las principales centrales sindicales o las mareas de Sanidad, Justicia, Educación, etc., fueron rechazados reiteradamente como interlocutores válidos a la hora de confeccionar o adaptar las políticas europeas. Jamás el diálogo social se había visto reducido a semejantes niveles mínimos en España, seguramente cuando más se necesitaba.

El Gobierno podría haberse sentado a negociar con los agentes sociales (participación), lo cual, previsiblemente, habría sosegado en cierta medida la creciente insatisfacción. La participación no asegura la paz social, pero contribuye a ella. Y aún mejor, podría haber intentado dar una mínima respuesta (responsividad) a las demandas de las mareas. El margen de maniobra de los gobiernos nacionales se ha visto drásticamente reducido desde que las líneas directrices de la política económica no están en sus manos, es verdad. Pero cierto margen de aplicación existe y un mínimo de respuesta gubernativa a las demandas, generadas además desde unas hipotéticas mesas negociadoras compartidas, habría supurado al menos parte de las heridas.

Por otro lado, la acción de intentar entender, escuchar y dar una mínima respuesta a sus demandas, le habría facultado para trasladar la visión de una parte importante de la ciudadanía a las instituciones europeas. Nada de esto hubo. El Gobierno se limitó a ser el mamporrero ciego y abusón de los dictados de la Unión. El eslabón intermedio de diálogo entre el BCE y la población, que debía haber sido el propio gobierno, no ha existido. Por tanto, estas demandas se han quedado sin voz, ninguneadas y excluidas del juego político.

En definitiva, no sólo la política económica europea, ya de por sí dura, sino también la manera antidemocrática de aplicarla, han conducido al desamor de muchos españoles por su democracia. No es extraño que, después de esta manera de actuar, en justa medida, una parte de la población manifieste un rechazo visceral, in totum, al sistema político. La democracia es en gran parte el sentido del oído. Pero desde hace años la democracia española y europea se ha mostrado por lo menos displicente, si no completamente sorda, a las demandas de grandes sectores de la ciudadanía. No se les ha escuchado, no se les ha atendido, en la mayor parte de los casos el gobierno anterior se ha negado incluso a reunirse con ellos. ¿Puede sorprender, entonces, que cada vez más ciudadanos se sientan desconectados del poder y lo rechacen visceralmente?

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