¡Es la sociología, estúpido!

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¿Es evitable la corrupción dentro de los partidos? Lo es, si desviamos el foco de donde lo posamos en el actual debate político: las personas. El estudio de las organizaciones nos ha dado herramientas para combatirla, siempre y cuando no creamos que la corrupción, o la carencia de ella, es el fruto de una moralidad (buena o mala) inherente a los miembros de los diferentes partidos y fijemos nuestro interés en los mecanismos de control dentro de las formaciones políticas.

Hace unos días, pudimos volver a ver que los propios partidos y la mayor parte de la opinión pública centra el problema en la rectidud moral de los individuos. Hace unos días fue el caso Espinar. Antes había sido el caso Errejón, Monedero y tantos otros. Mañana será el de otro de más allá.

Cada vez que surge un asunto turbio entre los miembros de las filas de Podemos, como ahora con el caso Espinar, los seguidores de los partidos tradicionales se muestran exultantes, regocijados por el hecho de que los adalides de la regeneración se comporten supuestamente del mismo modo que se esfuerzan en criticar. Parece brotar en socialistas y populares una especie de alivio de la pesada carga moral que les han endosado, como culpables de un relato en el cual les ha tocado la peor parte. La revelación pública de casos como estos fija el foco de la amoralidad en el otro lado de la novela, en el que hasta ahora descansaba supuestamente el lado “bueno”, con la consiguiente liberación de responsabilidades. Se oye un resoplido en la sala y desfila por el hemiciclo el plato frío de la venganza.

Antes de nada, situar el debate. Como revancha, esta actitud puede resultar humana y comprensible, pero no conviene dejarse confundir por una estrategia que consiste en colocar en el mismo plano casos graves que amenazan la democracia española, casos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias o malversación en las más altas instancias de la estructura política e institucional del país, comportamientos cuyos impactos en la sociedad son incomparablemente más onerosos (hablamos a menudo de millones de euros) y mezclarlos con casos menores de la vida privada, anteriores casi todos a la actividad política, y a menudo ni siquiera punibles, simplemente poco éticos. La diferente gravedad entre unas y otras categorías de hechos es descomunal, tanto que una lengua maledicente señalaría la confusión moral de los que se defienden de esta manera.

No pretendo en absoluto excusar los casos aludidos. Mi intención, en cambio, es señalar lo que me parece un error inherente a esta polémica, esto es, entender el debate político, repito, en clave personal. Seguramente muchos de los integrantes de los nuevos partidos lo concibieron así. Con certeza, muchos de los populares y socialistas se han sentido, con cierta razón, ofendidos por esta concepción. Pretender que en un lado campen los malos, los impuros, los corruptos, y en otro los buenos, los puros, los incorruptibles, es propio de ingenuos o de ilusos.

Más atinado y útil sería considerarlo en clave sociológica. Pensar en estos términos es entender que la sociedad no es una mera suma de individuos, sino que las organizaciones (partidos políticos, organismos públicos, corporaciones empresariales) tienen sus propias dinámicas, sus propios valores, su cultura, su ética y sus formas de salvaguardarla, sus códigos y sus instituciones. Los individuos hacen a las organizaciones, pero también las organizaciones condicionan las respuestas de sus miembros mediante una tupida red de restricciones o de incentivos. Visto así, los comportamientos de los miembros del partido popular no son tanto el resultado de naturalezas perversas sino de una organización que ha gestionado mal sus mecanismos internos hasta incentivar, por activa o por pasiva, los hábitos nocivos. Mal parafraseando a James Carville, ¡es la sociología, estúpido!

Es en este punto donde debería ponerse el acento y desde luego no en las cualidades morales individuales de los políticos. Este planteamiento “sociológico” (me perdonen los sociólogos) puede resultar algo más “intelectual”, pero su ventaja estriba en que se aleja de un estéril debate entre buenos y malos, aporta soluciones y previene comportamientos inicuos.

A día de hoy se conoce muy bien cómo debe mantenerse una organización libre de malas prácticas. Resumiendo, a grandes trazos:

Primero, se debe tener un código de conducta ético interno. Segundo, unos mecanismos de denuncia anónimos para que los propios miembros puedan exponer las conductas ilícitas ocurridas en su seno. Tercero, protección de los denunciantes frente a las represalias. Cuarto, un(os) departamento(s) interno(s) específicamente diseñado(s) para investigar, juzgar y castigar las conductas que se apartan del código ético. Quinto, unos organismos estatales de control externo a la organización, los cuales, en el supuesto de fallar la fiscalización interna, puedan poner coto a los desmanes (da la casualidad de que, dada la incompleta separación de poderes de nuestra democracia, sobre esto también tienen bastante que decir los partidos). Y sexto y fundamental: no existe estructura de control interna ni código de conducta institucional, por muy perfecto que sea, que no pueda convertirse en papel mojado si no cuenta con el apoyo decisivo de la dirección ejecutiva, apoyo que les aporte medios, confianza, libertad e independencia para cumplir con su trabajo.

No, el PP no es un partido formado por gente despreciable y corrupta por naturaleza, desde su cuna hasta su tumba, sino que las malas prácticas se han hecho ubicuas porque han sido permitidas e incluso fomentadas por la dirección. Cuando existe intención de controlar realmente las conductas improcedentes dentro de una organización, estas se convierten en anecdóticas y no en sistémicas o generalizadas. La dirección popular debería hacerse responsable, por lo menos por ineficacia, de no haber sabido mantener a raya la corrupción en sus filas.

En realidad, todos sabemos que no fue por ineficacia, sino por todo lo contrario, por permisibilidad, manga ancha e incluso, en muchos casos, fomento de estas malas prácticas, por lo que la corrupción se ha hecho endémica en el partido del gobierno. Otro asunto es que a este tipo de partidos con escaso control interno se acerquen a posteriori individuos con poca integridad y muchas ganas de trepar.

Populares y, en mucha menor medida, socialistas (sus malas prácticas sólo han sido sistémicas en los últimos tiempos en Andalucía) deberían preocuparse menos en sentirse personal e íntimamente aludidos por las críticas justificadas que parten de fuera y mucho más en buscar unos cargos directivos verdaderamente comprometidos con la dotación de unos instrumentos de control interno del partido que pongan fin a las conductas ilegales o inapropiadas. La desconfianza de que llegara a surgir este compromiso sincero y espontáneo desde dentro de los partidos tradicionales fue el sustrato del que han nacido los nuevos partidos.

Y Podemos, por supuesto, debe tener extremo cuidado en considerarse personal o intrínsecamente mejor en lo moral que sus oponentes y aplicarse el cuento de los estrictos mecanismos de control interno. Antes de que sea demasiado tarde.

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