Gobierno y responsabilidad

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La lucha política también implica un forcejeo por el lenguaje y por una determinada acepción de los términos. No hay término más manido en los últimos días que la palabra responsabilidad en alusión al papel del PSOE en concreto y por extensión de los demás partidos para facilitar un gobierno. Lo realmente curioso y sintomático es la utilización generalizada hasta el sofoco de un sentido contrario a todas las acepciones reconocidas en varias de las ciencias sociales.

Responsabilidad es primero el respeto a la legalidad (rule of law). Es la necesidad de comportarse correctamente, con integridad, respetando las leyes, sus instituciones y el Estado de Derecho. Responsabilidad es además, desde el punto de vista jurídico, la obligación de la persona de hacerse cargo de sus actos. La responsabilidad es también política y va así más allá del simple respeto a la legalidad. La responsabilidad política es reconocer los errores y actuar en consonancia, abandonando las responsabilidades si no se ha estado a la altura de las circunstancias. El papel voluntario de la responsabilidad política contribuye enormemente a la calidad de la democracia y, en su defecto, la deteriora.

Responsabilidad es también un comportamiento ético, íntegro, basado en el juego limpio. El buen gobierno democrático exige comportarse trascendiendo el interés individual, teniendo en cuenta los intereses de los demás agentes políticos y sociales, incluso del medioambiente, evaluando los riesgos y los impactos negativos de la propia actividad gubernativa en todos los grupos de interés.

Responsabilidad es, desde el punto de vista de la teoría política, rendición de cuentas (accountability). Es el mecanismo más importante para lograr una democracia avanzada. La responsabilidad viene, primero, de uno mismo, en la línea de las entradas anteriores, y luego de innumerables mecanismos para lograrlo en el caso de que el responsable de los comportamientos contrarios a la ley o inmorales no se comporte adecuadamente o renuncie voluntariamente de sus cargos. Lo ejerce primero el electorado mediante elecciones (rendición de cuentas vertical). Luego lo ejercen o exigen otros múltiples poderes: la Justicia, las propias instituciones nacionales, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Banco de España, pero también la sociedad civil y los medios de comunicación (rendición de cuentas horizontal). En todos los casos la responsabilidad de estos actores es exigir responsabilidades a los cargos políticos, la renuncia en su caso y la del gobierno responder con integridad, transparencia y someterse a las decisiones emanadas de los respectivos poderes de cada uno.

Desde finales de los años 90 asistimos a un nuevo paradigma de la teoría y la ciencia política, lo que se ha dado en llamar el giro institucional. Tanto desde el punto de vista teórico como empírico se viene apuntalando la creencia en la decisiva importancia de los procedimientos democráticos, por encima incluso del contenido de las políticas. Es la responsabilidad, el juego limpio, la ética, el perfeccionamiento e independencia de las instituciones de control del gobierno, la rendición de cuentas, la transparencia, la participación de los agentes sociales, la búsqueda de consensos, lo que más contribuye a crear una sociedad próspera, cohesionada, libre e igualitaria. Y lo es no sólo por las pruebas de que disponemos de que en las sociedades avanzadas la mejora de la calidad de vida no viene dada por el mero crecimiento del PIB, sino que se logra mediante políticas que profundicen en aspectos sociales (ver por ejemplo este Ted Talk), sino también porque hay abundantes estudios que evidencian que el propio perfeccionamiento de los procedimientos democráticos contribuye decisivamente al desarrollo económico (business case). Ahondar en estas ideas supone un camino fascinante, pero habrá que dejarlo para otra ocasión.

Por eso en estos momentos nos encontramos en un momento decisivo en la historia de nuestra democracia, pero también de nuestra sociedad y de nuestra economía. No creo que merezca la pena malgastar ni un minuto en elaborar la idea de que los casos de corrupción en el Partido Popular no han representado en los últimos años la suma de los comportamientos ilícitos de muchos de sus integrantes sino que el propio partido, con sus dirigentes a la cabeza, se ha comportado como una engrasada asociación de malhechores, tal como está definida en el Código Penal. Permitir el mantenimiento en el poder del Partido Popular sin forzar su paso a la oposición, sin hacerle transitar por el necesario castigo, pena y esperada redención, constituiría el mismo fracaso social que dejar en la calle a cualquier delincuente común. No hacerlo arrastrará consecuencias que también se conocen: la permisibilidad con el crimen ayuda a su perpetuación, cronifica este, solidifica una cultura delictiva de cada vez más difícil desarraigo y legitima incluso su existencia. No creo que sea ni alarmismo ni exageración: en desarrollo democrático (y por tanto, según la teoría, en cohesión, equidad, bienestar e incluso en desarrollo económico) España puede perder muchos años si vuelve a permitir un gobierno popular.

Los agentes sociales, unos mejor y otros peor, están ejerciendo su labor para exigir la rendición de cuentas aludida. Primero la Justicia, que camina con lentitud, nos irá deparando sentencias por goteo inexorable. Luego los medios de comunicación y la sociedad civil, cuya vitalidad y empuje debemos alabar. En menor medida, por su escasa independencia, las instituciones ligadas al Estado (Tribunal de Cuentas, por ejemplo), aunque en los últimos tiempos nos está sorprendiendo con alguna regañina importante. Pero ahora es el momento decisivo del Parlamento y de los partidos. Los ciudadanos han emitido un veredicto ambiguo, otorgando al Partido Popular un liderazgo relativo, pero concediendo a sus detractores una abrumadora mayoría. En ellos recae la responsabilidad de expulsar al PP del gobierno.

Por todas estas razones no podemos llamar responsabilidad la de Ciudadanos e irresponsabilidad la del PSOE, sino todo lo contrario. Pero sorprende también la “irresponsabilidad” de dos partidos, como Ciudadanos o Podemos, que nacieron con la llama de la regeneración democrática y siguen anclados en posiciones irreconciliables que recuerdan preocupantemente a antiguos planteamientos guerracivilistas. Según los primeros, los segundos son anti-constitucionalistas y bolivarianos. Según los segundos, los primeros son los enviados del Ibex 35 para mantener el status quo. Esto me recuerda a la definición de Lippmann de estereotipo: los estereotipos tienen más de falso que de verdadero, más de simple que de complejo y son resistentes al cambio y la evidencia. Podemos gobierna o co-gobierna en no pocos ayuntamientos y comunidades y no se ha vislumbrado signo de revolución bolivariana ni de violaciones del Estado de Derecho; Ciudadanos responde a mucho más que a la aquiescencia de algunos elementos con gran influencia económica; es también la natural transposición en forma de partido de una parte importante de la sociedad española con una ideología de centro-derecha, por fin verdaderamente laica y liberal, alejada de la raíz nacional-católica del anterior conservadurismo español.

El que era antes camino ahora es fin. El buen gobierno, esto es: la legalidad, la rendición de cuentas, la participación de todos los agentes sociales, la imparcialidad, la integridad, la transparencia, la equidad en el acceso a los instrumentos que contribuyen a crear un buen ciudadano (medios económicos, educación), son los fines, no los medios. Incluso si tenemos en cuenta que la búsqueda de consensos es otro de los mecanismos para conseguir un buen gobierno, los planteamientos ideológicos maximalistas dejan de tener ningún sentido.

No, la responsabilidad no es permitir un gobierno, es permitir un gobierno responsable, que rinda cuentas. Y las cuentas del Partido Popular con la democracia española son gravísimas y abundantísimas. Los tres partidos de la actual oposición deberían aparcar al menos momentáneamente la contradicción izquierda-derecha y unirse en el mismo bando de la contradicción hoy prioritaria: democracia ética y responsable frente a la democracia emponzoñada que nos ofrecen los conservadores. Llama la atención que el acuerdo PSOE-Ciudadanos-Podemos no se contemple, ni siquiera en las encuestas electrónicas elaboradas por este periódico. Hoy por hoy parece irrealizable e incluso utópico, pero son también nuestras palabras, nuestras concepciones y nuestras trincheras mentales las que han contribuido a ello.

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